La problemática de la
regulación social constituye uno de los asuntos primordiales de la globalización
«La
regulación social se emplea por los gobiernos para conducir el comportamiento de los agentes económicos (consumidores y empresas) con el fin de proteger determinados valores sociales e intereses públicos tales como la salud, la seguridad, el medio ambiente, el equilibrio regional, la cohesión social o la atención a grupos desfavorecidos. Este tipo de normativa es necesaria porque el mercado no valora adecuadamente algunos bienes a los que los ciudadanos atribuyen una gran importancia, o porque se deben controlar las consecuencias dañinas o imprevistas resultantes de transacciones en el mercado».
(Zárate, M., A., Vallés, G., J.,
Reflexiones en torno al debate del impacto económico de la regulación y los procesos institucionales para su reforma, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, consultado el 21-07-2010)
Dos enfoques opuestos
El enfoque tradicional de la
regulación social pretende que los Estados continúen siendo los principales actores en materia de regulación, para que asuman las funciones únicas y esenciales en materia de integración política y social. Por otra parte, en el contexto de la globalización se construyó un espacio público internacional. Este espacio debe desempeñar un papel importante en la
regulación social. Esta situación ilustra los límites de la intervención de los Estados.
El «Estado central ya no puede dar respuestas por sí solo a los nuevos desafíos económicos y sociales. Las intervenciones que realiza el Estado de bienestar hasta finales de la década de los ochenta ya no funcionan: "El sistema de
regulación social de los años de prosperidad, cuyo objetivo era repartir de forma más igualitaria los frutos del crecimiento, ya no resulta eficaz. Ahora se trata de desarrollar la solidaridad en la empresa y en el barrio ilustrada por el papel de los sindicatos y de las asociaciones"».
(Violant i N., J., et ál.,
Europa, una nueva realidad social,
La factoría, no. 11, 2001, consultado el 21-07-2010)
En el plano nacional: el Estado de Bienestar
En muchos países de la OCDE, el sistema de Estado de Bienestar ha servido como principal vector de la
regulación social. El Estado de Bienestar incluye aquellas intervenciones del Estado (sea a nivel central, autonómico o local) que están encaminadas a mejorar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y residentes, por ejemplo, las transferencias públicas; los servicios públicos; las normas de protección de los trabajadores, consumidores y residentes y las políticas encaminadas a producir buen empleo.
La emergencia de una red internacional
«La amplitud y gravedad de los problemas sociopolíticos de alcance mundial, especialmente la pobreza en masa, la degradación del medio ambiente, los conflictos armados y los movimientos de refugiados, reclaman la instauración a escala internacional de nuevos mecanismos de
regulación social y de justicia distributiva.
[…]
Para paliar su déficit de
regulación social, los gobiernos deben imperativamente reforzar su cooperación y crear otros mecanismos institucionales, tanto en el plano regional como internacional. Asimismo, tienen que inventar nuevos métodos para orientar y controlar a las organizaciones internacionales y esta reforma suscitará sobre todo una transformación del funcionamiento de los ministerios de asuntos exteriores».
(Revista internacional de ciencias sociales,
La gobernabilidad mundial y sus críticos, no. 170, 2001, consultado el 30-04-2008)
Papel de las organizaciones internacionales
Como respuesta a la globalización, muchos entes internacionales se han involucrado en la
regulación social.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada, en 1919, básicamente para responder a las necesidades generadas de la relación existente entre comercio internacional y
regulación social. La OIT juega un papel fundamental en la definición y en la promoción de convenios internacionales que tienden a mejorar la situación social de los trabajadores. Sus fundadores desean armonizar las disparidades del régimen de protección social, para que sus discrepancias no se vuelvan un problema para el libre comercio. La OIT contribuye a esta armonización creando normas y principios bajo la forma de declaraciones y convenciones; la
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada por la Organización en 1998, se está imponiendo como una referencia ineludible y universal en la materia. Sin embargo, la eficacia de las acciones de la OIT sigue estando limitada al punto que ninguna coacción puede ejercerse en caso de violación de un convenio.
Las "normas laborales básicas" ratificadas por la comunidad internacional de Estados en la conferencia de la Organización Internacional del trabajo (OIT) se refieren a los derechos fundamentales de los trabajadores. La meta, sobre todo de los sindicatos pero también de una serie de países, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la UE, es consagrarlas en la OMC como un instrumento de
regulación social internacionalmente aceptado; intención que, sin embargo, ha fracasado hasta ahora debido a la resistencia de numerosos gobiernos. […] Un aspecto importante tiene que ver con las empresas transnacionales. Por ejemplo, a finales de 2000, tras largas e intensivas discusiones, la OCDE aprobó las llamadas "normas para empresas transnacionales", las cuales introducen igualmente normas sociales y códigos de conducta para las empresas que operan mundialmente.
(adaptado de Nueva Sociedad,
Hacia la Segunda Cumbre Europa - América Latina. Recomendaciones desde la perspectiva alemana, 2002, consultado el321-07-2010)
Las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial contemplan un objetivo social: la reducción de la pobreza. En su óptica, la ayuda económica constituye otro medio para lograr este objetivo, mediante préstamos y políticas financieras en favor de los países menos desarrollados.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), ha sido un poco más reticente en el asunto social puesto que la
regulación social no hace parte de sus funciones principales. Por ejemplo, no se había incluido disposiciones para exigir a los Estados el reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajador. Solamente después de la conferencia de Seattle en 1999, los actores sociales le exigieron imponer una cláusula social como principio rector de cualquier acuerdo comercial internacional.
La regulación social en la empresa transnacional
Desde los años 90 se ha forzado la discusión internacional sobre la
regulación social de compañías transnacionales a través del instrumento de la responsabilidad corporativa. Por su parte, las Naciones Unidas propusieron el Pacto Mundial que las empresas pueden firmar. Este Pacto está «compuesto de diez principios de ciudadanía corporativa que se fundamentan en convenciones y tratados acordados internacionalmente sobre derechos humanos, relaciones laborales, protección ambiental y lucha contra la corrupción».
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP),
Implementando el Pacto Mundial. Un folleto para inspirarse, 2005, consultado el 30-04-2008)
Instrumentos privados de regulación social
Las cartas sociales, los códigos de conducta, los acuerdos marcos internacionales y las etiquetas sociales son algunos ejemplos de los instrumentos que definen la responsabilidad social de las empresas, a menudo bajo la presión de los movimientos de los ciudadanos o de los sindicatos.
Otras iniciativas como las normas ISO se consideran también como formas de
regulación social. A la par con otras iniciativas privadas, su falta de penalización por su no cumplimiento y sus diversas definiciones y aplicaciones tienden a debilitar su función regulatoria.
Sin embargo, los enfoques y los contenidos de estos instrumentos tienden a ser muy heterogéneos y los resultados, por lo general, no son evaluados por alguna fuente u organización externa creíble.
